UPA SOLICITA AL CONSEJERO DE AGRICULTURA QUE SE ACTÚE DESDE CASTILLA Y LEÓN CONTRA LA DECISIÓN DEL MINISTRO DE CONSUMO DE SUBIR EL IVA PARA LAS BEBIDAS AZUCARADAS HASTA EL 21 %

La propuesta del Gobierno central puede ser letal para la economía de Castilla y León y para los intereses del sector productor remolachero de  nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta que disponemos de cuatro fábricas azucareras  (Olmedo, Toro, la Bañeza y Miranda) y que es un cultivo clave para los regadíos de esta región.

Castilla y León produce hoy en día el 85 % del azúcar en España, y el cultivo de la remolacha es uno de los más sociales y que más empleos genera de forma directa e indirecta en el medio rural de Castilla y León. 

Por otro lado, en unos momentos como los actuales en los que se reclaman actuaciones decididas y políticas firmes para frenar lo que se ha dado a denominar la `España Vaciada´ nos parece una irresponsabilidad la medida anunciada por el ministro de Consumo, puesto que genera aún más incertidumbre en torno a un cultivo que en muchos casos no tiene alternativa en los campos de la región.

En este sentido, Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa de España y uno de los territorios con la densidad de población más baja de todo el país, necesita de actuaciones para atajar su problema demográfico, evidenciado en sus cada vez más vacíos pueblos. De ahí, que esta noticia no ayude en este sentido, más bien al contrario.

Además las políticas europeas y las actuales negociaciones de la PAC  van a marcar  muchas obligaciones `verdes´, y en este sentido la remolacha es un cultivo sostenible que ayuda a combatir el cambio climático. Una sola hectárea de remolacha fija más CO2 que la misma superficie de bosque mediterráneo.

UPA recuerda que Castilla y León no puede mantenerse de brazos cruzados y por eso  pedimos un posicionamiento firme de comunidad para que no se establezca un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas.  Y es que las actividades que integran al cultivo de la remolacha van más allá de las de los propios cultivadores, e inciden en la economía de la región, así como en el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en el mundo rural. 

Nuestra organización confía en que desde la Consejería de Agricultura se actúe con firmeza y se atienda la petición de UPA con un pronunciamiento conjunto de comunidad, puesto que estamos hablando de un problema que trasciende al meramente agrario y en el que la Junta de Castilla y León debe mostrar la defensa de los intereses económicos y sociales de la comunidad.